LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL

VII CONGRESO ESPAÑOL DE DERECHO DE LA INSOLVENCIA

Primera Edición

(Directores)

ÁNGEL ROJO

Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad Autónoma de Madrid

ESPERANZA GALLEGO

Catedrática de Derecho Mercantil. Universidad de Alicante

ANA BELÉN CAMPUZANO

Catedrática de Derecho Mercantil. Universidad CEU San Pablo


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Primera edición, 2016

Este libro se enmarca en el Proyecto de Investigación «Las modificaciones estructurales de lassociedades mercantiles de la reestructuración en situación de insolvencia al fortalecimientocompetitivo de la estructura societaria» (DER2012-37406), financiado por el Ministerio deEconomía y Competitividad.

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Depósito Legal: NA 543/2016

ISBN 978-84-9059-418-6

Contenido

Relación de autores

Carmen Alonso Ledesma

Catedrática de Derecho mercantil

Universidad Complutense de Madrid

Guillermo Alcover

Catedrático de Derecho mercantil

Universidad de las Islas Baleares

José Carlos Espigares

Profesor de Derecho mercantil

Universidad Miguel Hernández

Enrique Sanjuán

Magistrado especialista en Derecho mercantil

Audiencia Provincial de Almería

Rafael Fuentes Devesa

Magistrado especialista de lo mercantil

María Enciso

Profesora Titular de Derecho mercantil

Universidad Rey Juan Carlos

Antonio Roncero

Catedrático de Derecho mercantil

Universidad de Castilla-La Mancha

Salvador Vilata

Magistrado

Rafael Lara

Catedrático de Derecho mercantil

Universidad Pública de Navarra

Eduardo Gómez López

Magistrado

Especialista del CGPJ en asuntos mercantiles

Jorge Moya

Profesor Contratado Doctor

Universidad de Alicante

Isaías González García

Economista. Administrador concursal

Aurelio Gurrea Chalé

Titular mercantil-Abogado-Auditor

Gregorio De la Morena

Administrador concursal

Secretario de ASPAC

Josep Oriol Llebot

Catedrático de Derecho mercantil

Universidad de Girona

Antonia Magdaleno

Abogado. Administradora concursal

Esperanza Gallego

Catedrática de Derecho mercantil

Universidad de Alicante

Salvador Tomás Tomás

Profesor de Derecho procesal

Universidad de Murcia

Francisco Javier Carbonell Rodríguez

Abogado. Administrador Concursal

Altea Asensi

Profesora de Derecho mercantil

Universidad de Alicante

Irene López Llandres

Abogada

Miguel Martínez Muñoz

Universidad Pontificia Comillas

Pilar Montero

Prof. Contratada Dra. de Derecho mercantil

Universidad de Alicante

Petra M. Thomàs

Prof. Contratada Dra. de Derecho mercantil

Universitat de les Illes Balears

María Luisa Sánchez Paredes

Profesora Dra. de Derecho mercantil

Universidad CEU San Pablo

Marta Flores

Universidad Autónoma de Madrid

Pilar Iñíguez

Prof. Contratada Dra. de Derecho mercantil

Universidad de Alicante

Vicente Gimeno Beviá

Profesor de Derecho mercantil

Universidad de Alicante

Elena Asenjo Rodríguez

Profesora de Derecho mercantil

Universidad CEU San Pablo

Víctor M. Castrillón

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Presentación

Los días 21, 22 y 23 de mayo de 2015 se celebró en Alicante el VII Congreso Español de Derecho de la Insolvencia (CEDIN VII), dedicado a La administración concursal, bajo la presidencia de Ángel Rojo y Esperanza Gallego y con la dirección de Ana Belén Campuzano. El Congreso fue organizado por la Asociación Española de Derecho de la Insolvencia (AEDIN), la Editorial Thomson-Reuters Aranzadi y la Universidad CEU San Pablo de Madrid, contando con la colaboración del Colegio Provincial de Abogados de Alicante, Colegio de Abogados de Alcoy, Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante, Colegio Oficial de Graduados Sociales de Navarra, Colegio de Graduados Sociales de Zaragoza, Colegio de Economistas de Sevilla, Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Almería, Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC), Asociación Española de Letrados Administradores Concursales (AELAC), Universidad de Almería y el Ministerio de Economía y Competitividad –a través de proyectos de investigación de las Universidades de Sevilla y CEU San Pablo– y con la participación de destacadas firmas –De la Morena, Dictum y Muñoz-Zafrilla–.

La complejidad de los procedimientos de insolvencia justifica la existencia de un órgano específico que intervenga a lo largo de todo el procedimiento y concilie los diversos intereses concurrentes. Este órgano es la administración concursal que, a pesar de su denominación, ni siempre administra ni sólo administra. En las sucesivas reformas que se han llevado a cabo en la Ley Concursal se han introducido relevantes cambios, entre otros ámbitos, en el de la administración concursal, aunque varias de esas modificaciones continúan pendientes de desarrollo reglamentario, lo que dificulta la necesaria estabilización y delimitación de este órgano del concurso.

El modelo de administración concursal, tras su modificación por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, es el de un único administrador concursal. La Ley Concursal solo regula parcialmente las exigencias subjetivas para el nombramiento de ese único miembro de la administración concursal y, tras la reforma de la Ley Concursal por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, se ha remitido al desarrollo reglamentario la determinación de los requisitos subjetivos que habrán de reunir las personas físicas o jurídicas que podrán ser designadas administradores concursales. En este sentido, el artículo 27 de la Ley Concursal solo establece que «únicamente podrán ser designadas las personas físicas o jurídicas que figuren inscritas en la sección cuarta del Registro Público Concursal y que hayan declarado su disposición a ejercer las labores de administrador concursal en el ámbito de competencia territorial del juzgado del concurso». Y, solo podrán inscribirse en esa sección cuarta «las personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos que se determinen reglamentariamente» y que podrán venir referidos a: la titulación requerida, la experiencia a acreditar y la realización o superación de pruebas o cursos específicos. Por otro lado, la norma establece también que a los efectos de la designación de la administración concursal los concursos habrán de clasificarse en tres categorías: concursos de tamaño pequeño, medio o grande. El contenido de cada categoría habrá de fijarse cuando se produzca el desarrollo reglamentario de esta disposición, de modo que el artículo 27 de la Ley Concursal no entrará en vigor hasta que lo haga su desarrollo reglamentario, «que deberá aprobarse a iniciativa de los Ministerios de Justicia y de Economía y Competitividad, en un plazo máximo de seis meses», plazo incumplido y que plantea la incógnita de cuándo y en qué términos se producirá.

En todo caso, este sistema general cuenta con dos especialidades y dos excepciones. En cuanto a las especialidades, se distinguen los concursos en los que exista una causa de interés público y las situaciones de acumulación de concursos ya declarados. En el primer caso, el juez podrá nombrar como segundo administrador concursal a una administración pública acreedora o a una entidad de derecho público acreedora vinculada o dependiente de ella y la representación de la administración deberá recaer sobre algún empleado público con titulación universitaria, de graduado o licenciado, que desempeñe sus funciones en el ámbito jurídico o económico, de modo que su régimen de responsabilidad será el específico de la legislación administrativa. En el supuesto de acumulación de concursos ya declarados, el nombramiento podrá recaer en una de las administraciones concursales ya existentes. En relación con las excepciones, hay que distinguir, de un lado, la relativa a los concursos de gran tamaño, en los que el juez, de manera motivada, podrá designar un administrador concursal distinto del que corresponda al turno correlativo, cuando considere que el perfil del administrador alternativo se adecúa mejor a las características del concurso. De otro lado, la representada por los concursos de entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras. En estos concursos el juez nombrará al administrador concursal de entre los propuestos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores o por el Consorcio de Compensación de Seguros, respectivamente.

Con anterioridad a la reforma llevada a cabo por la Ley 17/2014, para la designación del administrador concursal abogado, economista o persona jurídica se tenía en cuenta la lista existente en los decanatos de los juzgados competentes. Dicha lista estaba integrada por los profesionales y las personas jurídicas que habían puesto de manifiesto su disponibilidad para el desempeño de tal función, su formación en materia concursal y, en todo caso, su compromiso de continuidad en la formación en esta materia. Tras la reforma, se prevé la inscripción en la sección cuarta del Registro Público Concursal de aquellas personas físicas o jurídicas que pretendan ser designadas administradores concursales por cumplir los requisitos establecidos reglamentariamente. La designación recaerá en la persona física o jurídica de ese listado que corresponda por turno correlativo. No obstante, en los concursos de gran tamaño, el juez podrá, motivadamente, designar un administrador concursal distinto del que corresponda al turno correlativo y cuyo perfil se adecúe mejor a las características del concurso.

La administración concursal desempeña todas las funciones para la realización del interés del concurso, en aras a lograr la satisfacción de los acreedores. Las numerosas y relevantes funciones atribuidas a la administración concursal han pretendido recogerse en un único precepto –el artículo 33 de la Ley Concursal, introducido por Ley 17/2014, de 30 de septiembre– dedicado a las funciones de los administradores concursales. No obstante, el elenco de funciones que se contempla carece de sistemática. Los criterios empleados para la enumeración y clasificación de las funciones son heterogéneos, de manera que hay funciones clasificadas como propias del deudor o de sus órganos de administración o relativas a derechos de los acreedores de carácter procesal y de alcance laboral. Además, la enumeración, por más que sea extensa, no tiene carácter exhaustivo. En principio, porque hay funciones que no aparecen recogidas en esa relación, como la solicitud de acumulación de concursos, el ejercicio de la facultad de resolución de los contratos pendientes por incumplimiento de la parte in bonis o la obligación de rendir cuentas en caso de cese, entre otras. Pero, sobre todo, porque la propia norma establece que serán funciones de los administradores concursales «cualesquiera otras que esta u otras Leyes les atribuyan». Una referencia que por lo que hace a las «otras Leyes» no parece muy acorde con el principio de unidad legal que configura el concurso. En todo caso, se precisa que las funciones establecidas «se ejercerán conforme a las previsiones específicas para las distintas clases de concursos y fases del proceso concursal» en una clara referencia a la distinción entre concursos de tamaño pequeño, medio o grande introducida, igualmente, por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre y que se encuentra pendiente de desarrollo reglamentario. Al igual que el sistema retributivo, modificado de nuevo – ya había sido reformado por la Ley 38/2011– por la Ley 17/2014 pero que no entrará en vigor hasta que lo haga su desarrollo reglamentario.

En definitiva, la relevancia de la administración concursal dentro del procedimiento justifica que sea objeto de un Título completo de la Ley Concursal y de una sección específica del procedimiento de concurso de acreedores, que comprenda todo lo relativo al nombramiento y al estatuto de los administradores concursales, a la determinación de las funciones que desempeña, a la rendición de cuentas y, en su caso, a la responsabilidad en la que puede incurrir. En la medida en que estos aspectos han sido objeto de relevantes modificaciones y que, incluso, algunos de ellos están pendientes de desarrollo reglamentario, el análisis de su alcance y delimitación cobra aún mayor importancia.

El VII Congreso Español de Derecho de la Insolvencia contó con la presencia e intervención de especialistas, provenientes de diferentes ámbitos profesionales, con la intención de suscitar un animado debate sobre las principales cuestiones que plantea la administración concursal. Así, de la mano de destacados académicos, profesionales y miembros de la judicatura se analizaron los modelos de la administración concursal, las condiciones para la designación, la aceptación y el cese en el cargo. E, igualmente, se debatió en torno al nombramiento, el ejercicio de las funciones de la administración concursal y el sistema de retribución. La presente obra recoge sustancialmente las ponencias y comunicaciones presentadas en dicho Congreso, a la espera de que sea un instrumento útil para quienes desarrollan su labor o se aproximan al diseño y funcionamiento de este relevante y complejo órgano del concurso de acreedores.

Madrid, diciembre de 2015