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ÍNDICE

PRÓLOGO
Enrique Graue Wiechers

INTRODUCCIÓN
Hugo Casanova Cardiel
Leonardo Lomelí Vanegas

PRIMERA PARTE
LAS IDEAS SOBRE AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Autonomías constitucionales
Sergio García Ramírez

Humanismo y autonomía de la unam, fundamentos de la educación
Mercedes de la Garza, Juliana González

Autonomía e investigación
Alberto Vital

Autonomía universitaria y conciencia crítica: un comentario
sobre las ideas de Fernando Salmerón
Pedro Stepanenko Gutiérrez

SEGUNDA PARTE
LA PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

La autonomía universitaria, demanda multisecular
Enrique González González

Restituyendo su lugar a la memoria. Pedro Henríquez Ureña y la autonomía universitaria
Ana Carolina Ibarra

La autonomía universitaria de 1929: jóvenes en la Ciudad
de México, movimiento estudiantil y nueva Ley Orgánica
Renate Marsiske

La polémica Caso-Lombardo y la Ley Orgánica de 1933
Leonardo Lomelí Vanegas

TERCERA PARTE
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA HOY?

Autonomía en la dimensión nacional: privilegio que obliga
Rolando Cordera Campos

Autonomía universitaria e investigación científica: algunas
notas sobre la situación mexicana actual
Antonio Lazcano Araujo

A 90 años: reflexiones sobre la autonomía universitaria
Humberto Muñoz García

La docencia en el marco de la autonomía universitaria.
El caso de la UNAM
Ángel Díaz-Barriga

SOBRE LOS AUTORES

sociología
y
política

UNAM. NOVENTA AÑOS
DE LIBERTADES UNIVERSITARIAS

HUGO CASANOVA CARDIEL
LEONARDO LOMELÍ VANEGAS

coordinadores

por

SERGIO GARCÍA RAMÍREZ MERCEDES DE LA
GARZA
JULIANA GONZÁLEZ ALBERTO VITAL ◆
PEDRO STEPANENKO GUTIÉRREZ
ENRIQUE
GONZÁLEZ GONZÁLEZ
ANA CAROLINA IBARRA ◆
RENATE MARSISKE
LEONARDO LOMELÍ
VANEGAS
ROLANDO CORDERA CAMPOS ◆
ANTONIO LAZCANO ARAUJO
HUMBERTO
MUÑOZ GARCÍA
ÁNGEL DÍAZ-BARRIGA

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siglo xxi editores

CERRO DEL AGUA 248, ROMERO DE TERREROS, 04310, CIUDAD DE MÉXICO

www.sigloxxieditores.mx

siglo xxi editores, argentina

GUATEMALA 4824, C1425BUP, BUENOS AIRES, ARGENTINA

www.sigloxxieditores.com.ar

anthropos editorial

LEPANT 241-243, 08013, BARCELONA, ESPAÑA

www.anthropos-editorial.com

NOMBRES: García Ramírez, Sergio, autor | Garza, Mercedes de la, autor | González, Juliana, autor | Vital, Alberto, autor | Stepanenko Gutiérrez, Pedro, autor | González González, Enrique, autor | Ibarra, Ana Carolina, autor | Marsiske, Renate, autor | Lomelí Vanegas, Leonardo, autor, editor | Cordera Campos, Rolando, autor | Lazcano Araujo, Antonio, autor | Muñoz García, Humberto, autor | Díaz-Barriga, Ángel, autor | Casanova Cardiel, Hugo, editor

TÍTULO: UNAM : noventa años de libertades universitarias / Hugo Casanova Cardiel, Leonardo Lomelí Vanegas, coordinadores ; por Sergio García Ramírez [y otros doce autores]

DESCRIPCIÓN: Primera edición. | Ciudad de México : Siglo XXI Editores : UNAM, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, 2020. |

COLECCIÓN:Sociología y política

IDENTIFICADORES: e-ISBN 978-607-03-1112-3

TEMAS: Universidad Nacional Autónoma de México – Historia
CLASIFICACIÓN: LCC LE7.M562 G37 | DDC 378.72

primera edición, 2020

© siglo xxi editores, s. a de c. v.
e-isbn 978-607-03-1112-3

derechos reservados conforme a la ley.
prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio.

PRÓLOGO

El nonagésimo aniversario de la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió la oportunidad para que nuestra comunidad, estudiantes, académicos y trabajadores se vieran reflexivamente en un contexto de apertura y libertad para la investigación y la enseñanza.

La autonomía, lograda con sacrificios en 1929 y protegida constitucionalmente desde 1980,1 no es un privilegio; antes, es una responsabilidad que incentiva a universitarias y universitarios a descubrir y transmitir, con honestidad, nuevos saberes y, al mismo tiempo, es una motivación permanente para estudiar el presente y el futuro de la educación, la investigación, la docencia y la difusión de la cultura, para beneficio de la sociedad.

A noventa años de ser autónomos, en el 2019 los universitarios celebramos con mucho orgullo nuestra historia, una historia que nos impulsa a hacer más y ser mejores, manteniendo siempre la mirada hacia adelante.

Durante ese año, se organizaron análisis colectivos sobre el significado y la relevancia de la autonomía, que es condición indispensable para el funcionamiento cabal de nuestra casa de estudios, y cuyo resultado es la formación de estudiantes y ciudadanos, críticos y libres, en cualquiera de las disciplinas disponibles.

No cabe duda de que el conocimiento surge de la libertad de pensar y debatir, de proponer hipótesis abiertamente y someterlas al escrutinio de la comunidad universitaria bajo las reglas lógicas. Sin la autonomía, la UNAM no podría ser lo que es, ni podría ofrecer lo que da a su comunidad, a la sociedad, al país y a la humanidad.

Amenazarla o minimizarla equivale a sacrificar no únicamente las posibilidades del conocimiento, sino el futuro de cientos de miles de jóvenes y el destino del país.

Las y los universitarios somos conscientes de ello. Y sabemos que para fortalecer la autonomía debemos ser los primeros en comprender sus significados, su relevancia y su actualidad, así como los retos, responsabilidades y beneficios atados a ella.

También sabemos que la mejor forma de protegerla es demostrando nuestra capacidad para pensar, con rigor y en conjunto, motivados por la inquietud y curiosidad académicas para buscar soluciones reales con objetividad, tolerancia e inclusión, pero sin sumisión a intereses derivados de ideologías, posicionamientos políticos o cualquier otro criterio extraacadémico.

La publicación de esta obra da cuenta de este ejercicio y es muestra del compromiso de destacados universitarios para involucrarse en el estudio y análisis sobre la autonomía como piedra angular para el desarrollo del único conocimiento posible, el que surge de la libertad para el pensamiento, la enseñanza y la investigación basados en el método, el debate y la contrastación.

Celebro esta publicación porque permite acercar al público a las actividades de la Universidad Nacional y lo introduce al corazón de sí misma. El análisis sobre los orígenes y la reflexión sobre el sentido, el presente y la prospectiva de la autonomía son temas que nos conciernen a todos, dentro y fuera de la UNAM.

Agradezco por ello a los coordinadores de esta publicación, que fueron capaces de integrar las participaciones de destacados académicos, de diversas disciplinas, en el coloquio sobre los 90 años de la autonomía universitaria, organizado por la Secretaría General de la UNAM y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.

Estoy seguro de que quien lea UNAM, noventa años de libertades universitarias, sin importar el ambiente en el que se desenvuelva, encontrará el sentido que tiene para nosotros la autonomía y por qué la protegemos y valoramos con tanto tesón, no sólo como una libertad esencial, sino como un bien público para la nación.

“Por mi raza hablará el espíritu”
DR. ENRIQUE GRAUE WIECHERS
Rector
Universidad Nacional Autónoma de México

 

1 En 1980, a iniciativa del entonces rector Guillermo Soberón, se modificó el artículo 3o. de la Constitución para incluir una fracción que garantiza y define la autonomía universitaria. El 10 de octubre de 1979 el presidente José López Portillo remitió al Congreso la iniciativa de reforma al artículo 3º constitucional. El 9 de junio de 1980 la reforma fue aprobada.

INTRODUCCIÓN

HUGO CASANOVA CARDIEL
LEONARDO LOMELÍ VANEGAS

Uno de los factores que rigen la compleja relación entre la universidad contemporánea y el Estado es la autonomía. Se trata de una construcción institucional y regularmente normativa, que define el marco en que se plantean y ejecutan las decisiones universitarias. La autonomía refiere la capacidad de las instituciones para asumir sus propias decisiones en materia académica, de gobierno y de financiamiento. A través de ella se definen los márgenes de acción del Estado frente a las universidades, así como los derechos y responsabilidades de éstas ante aquél. La autonomía, lo mismo que la universidad, tiene un carácter contingente y de ninguna manera intemporal o monolítico. La autonomía universitaria constituye, por tanto, un atributo situado en términos espaciales y temporales. Para las universidades de nuestro tiempo, es un valor altamente preciado. Con base en ella, las instituciones ejecutan su alto encargo en el marco de libertades que responden a la razón académica y a los principios de verdad, rigor y honestidad que caracterizan la búsqueda y difusión del conocimiento.

Todo ello adquiere una gran significación al cumplirse 90 años de autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Nueve décadas desde que la UNAM ostenta este atributo, premisa para el cumplimiento de las responsabilidades que le han sido asignadas y que hoy adquiere una especial relevancia para nuestra institución y para el país.

La libertad académica y la madurez institucional de la UNAM nos permiten —después de aquel lejano 1929— reflexionar acerca de ese importante hecho histórico. ¿Qué significado tiene hoy la autonomía universitaria? ¿Cuáles son los rasgos históricos de la autonomía de las universidades? ¿Están vigentes las libertades universitarias construidas a lo largo de 90 años? Sin el ánimo de intentar dar una respuesta puntual a estas interrogantes, en esta obra se presentan algunas reflexiones en torno a un tema que tiene, desde nuestra perspectiva, una extraordinaria vigencia.

La autonomía universitaria encuentra sus más remotos antecedentes en las instituciones precursoras de la Edad Media. Es el caso de la Universidad de Bolonia —uno de los arquetipos de la universidad fundacional—, que contaría con un régimen de privilegio con respecto al poder. Federico I Barbarroja, en la constitución Authentica Habita de 1155, reconocía el valor del conocimiento científico, así como la necesidad de proteger a las personas que, en la búsqueda del conocimiento, tuvieran que estar lejos de su país; en este documento se garantizaba la libertad de movimiento a estudiantes y profesores. Dicha universidad contaría con un régimen de autonomía con respecto a la Comuna de Bolonia, la cual establecía en sus propios estatutos la independencia de la universidad, la jurisdicción de los rectores y diversos beneficios para los estudiantes (Nardi, 1994; Verger, 1994).

Si bien las instituciones primigenias tienen un gran valor histórico, será hasta la etapa decimonónica en que la universidad experimentará un proceso radical de transformación. Esta etapa, conocida como de refundación universitaria, implicará también una resignificación de la idea de autonomía y llegará a nuestros días para sentar las bases de la relación entre el Estado y la universidad. Así, en los albores del siglo XIX, el pensamiento germánico aportará importantes reflexiones que, aunque referidas especialmente a la creación de la Universidad de Berlín, ofrecerán un marco con una gran trascendencia en el ulterior avance de la educación superior.

La idea germánica de universidad está plasmada en autores de la talla de Fichte, Schleiermacher y Humboldt, quienes plantearán la importancia de articular la investigación con el estudio, la búsqueda sistemática del desarrollo científico y la distinción de los espacios jerárquicos del conocimiento, entre otros factores. No obstante, es en el ángulo de la relación Estado-universidad donde se pueden identificar elementos acerca de la autonomía universitaria. Para Fichte,1 el gobierno de la universidad deberá estar en el seno de la academia y sus asuntos económicos regidos por un cuerpo cuyos miembros más altos serán de la propia academia. El Estado, a su vez, tendrá un importante papel en la asignación de los recursos financieros y la institución habrá de informar, mediante una cuenta anual, de sus acciones a los representantes de la nación. Schleiermacher2 señalará que existe una disyuntiva entre el Estado y la universidad en la que, mientras aquél acostumbra tener injerencia en las universidades, éstas procuran su propia independencia. La respuesta de dicho autor a tal disyuntiva es la búsqueda del equilibrio, al asignar la organización interna a los universitarios y dejar la administración económica, la contraloría policial y la vigilancia en el Estado. Será finalmente Humboldt3 quien aborde con mayor claridad la relación aquí referida, al plantear que la intervención del Estado en los asuntos de la universidad no estimula los fines de la institución y que, lejos de ello, su injerencia resulta entorpecedora. Pese a lo anterior, Humboldt sostenía que, en la medida que se cumplan los fines de la universidad, el Estado debería abrigar el convencimiento de que se cumplían también los fines del propio Estado.4

Todo lo anterior brinda una pauta pertinente para entender las bases de las libertades en la refundación universitaria del siglo XIX, lo que implica un amplio reconocimiento a la condición de las universidades —especialmente en Europa continental— de depender del aval y patrocinio del Estado, pero también de contar con un marco que diera institucionalidad a las libertades universitarias, indispensables en el propósito de atender sus tareas en favor del conocimiento.

En este escenario, no sería posible omitir la importancia de los diversos esfuerzos reformistas y autonomistas de América Latina. Baste aludir al movimiento de Córdoba, Argentina, en 1918, que reclamaba la participación de los diferentes sectores universitarios —especialmente el estudiantil— en el gobierno institucional y en las decisiones fundamentales de la vida académica. Dicho movimiento ejercería un poderoso influjo en las universidades de todo el continente y, por supuesto, en México. Así, en las tres primeras décadas del siglo XX, la condición autonómica universitaria se extendió a por el país y marcó una impronta de libertades en el ambiente universitario mexicano. De tal manera, a partir de 1917 podrán identificarse los primeros logros autonomistas en la vasta geografía nacional: la Universidad Michoacana en 1917, la Universidad de Occidente (en Sinaloa) en 1918, la Universidad Nacional del Sureste (en Yucatán) en 1922, la Universidad de San Luis en 1923 y la Universidad Nacional de México en 1929, entre muchas otras.

En México, al finalizar los años veinte, confluirían importantes hechos (procesos de institucionalización política, la campaña de José Vasconcelos a la presidencia de la República, entre otros) que influyeron en el ambiente político de la universidad. Sin embargo, fue en la propia institución donde se verificaron los hechos que desembocaron en la obtención de su autonomía. Entre junio y julio, luego de momentos de movilización, represión y huelga, el presidente Emilio Portes Gil impulsó la promulgación de la Ley Orgánica, lo que sucedió el 10 de julio de 1929, momento en que se nombró rector interino a Ignacio García Téllez y en que la huelga se daría por concluida. La también conocida como Ley de la Autonomía se publicó en el Diario Oficial el 26 de julio y el 31 se instalaría el Consejo Universitario de acuerdo con sus disposiciones.

Un momento crucial en la historia reciente de la autonomía universitaria fue su reconocimiento constitucional en 1980. Cuatro décadas después de dicho reconocimiento, conviene recapitular acerca de la enorme trascendencia que implicó la propuesta del presidente José López Portillo para que la autonomía universitaria fuera elevada a rango constitucional.

Este hecho, lejos de constituir una decisión tersa, se caracterizó por su complejidad y sus profundas implicaciones ante las tensiones universitarias de los años setenta. Al respecto, vale la pena recordar que, desde inicios de dicha década, la Universidad Nacional había atravesado por sucesivos conflictos de carácter interno —políticos y laborales— que habían llevado a la renuncia, en 1972, del rector Pablo González Casanova y el arribo de Guillermo Soberón, quien —tras dos gestiones consecutivas— plantearía en 1979 un nuevo orden laboral para los trabajadores universitarios (su propuesta, sin concretar, era introducir un apartado “C” en el artículo 123).

En tal contexto, el 10 de octubre de 1979, en el marco del 50 aniversario de la autonomía universitaria, el presidente López Portillo envió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para adicionar con la fracción viii al artículo 3o. constitucional, que incorporó la autonomía universitaria a la Carta Magna de la nación.

VIII.– Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el Apartado A del Artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere.5

Dicha iniciativa marcó un antes y un después para la Universidad Nacional, así como para otras instituciones que ostentaban tal distinción. En lo sucesivo, las instituciones autónomas contarían con un marco que les permitiría lidiar de manera clara con los asuntos laborales, así como tener un marco constitucional que reconocía contundentemente que la autonomía era un atributo irrenunciable de las instituciones a las que les había sido otorgada.

LA AUTONOMÍA: UN TEMA DE REFLEXIÓN

Hay dos maneras de referir nueve décadas de autonomía universitaria: la primera como celebración —actividad a la que acudimos sin reservas— y la segunda como motivo de reflexión y análisis. Es en este segundo sentido que, en julio de 2019, la Secretaría General de la UNAM y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) organizamos el Coloquio sobre los 90 Años de la Autonomía Universitaria. A partir de ese encuentro académico, varios de sus participantes revisaron los escritos que hoy se integran en esta nueva obra académica. Los aniversarios constituyen un punto de llegada pero, ante todo, son un punto de partida. Para la UNAM, el nonagésimo aniversario tiene una gran significación: en términos estrictamente académicos, nos permite reflexionar acerca de nuestras capacidades y responsabilidades en torno al saber; en términos del gobierno interno, tenemos la oportunidad de identificar las condiciones de independencia que necesitamos y, en términos de la relación con el gobierno, nos brinda la posibilidad de refrendar nuestra condición de independencia y responsabilidad social.

En dicho marco se inscribe esta obra, integrada por tres partes: “Las ideas sobre la autonomía universitaria”, “La perspectiva histórica de la autonomía universitaria” y “La autonomía universitaria hoy”. En ella, participan destacados académicos adscritos a diferentes campos disciplinarios y a distintos sectores universitarios.

La primera parte de la obra trata las ideas alrededor de la autonomía universitaria y está integrada por cuatro capítulos. En “Autonomías constitucionales”, Sergio García Ramírez expone el ambiente de incertidumbre que hoy enfrentan las autonomías en el contexto mexicano, además de referir, en este entorno, la autonomía universitaria. Para el autor, la concreción de la autonomía no depende exclusivamente de su expresión en el texto constitucional, sino que es necesaria una estructura democrática para que ésta sea efectiva. Asimismo, expone las características de las libertades en la Universidad Nacional desde su fundación por Justo Sierra, que se reafirmaron en su Ley Orgánica de 1945. Entre ellas, destaca la autorregulación; el autogobierno; la libertad de cátedra, investigación y difusión; el libre examen y la discusión de las ideas. García Ramírez concluye de manera contundente al describir a la autonomía como “el oxígeno que respiramos”. Ni más ni menos.

Por su lado, Mercedes de la Garza y Juliana González, en “Humanismo y autonomía de la UNAM, fundamentos de la educación”, parten de una reflexión acerca de las diversas dimensiones de la autonomía (política, jurídica, económica y administrativa) y enfocan su mirada en la condición académica de la autonomía, así como en su concreción en la libertad de cátedra e investigación.Las autoras, además de considerar otras notas distintivas de la autonomía, como la pluralidad y la función crítica, centran su análisis en la compleja relación entre humanismo y educación, al señalar que la vía para la conquista de la esencia humana es la educación. Así, argumentan que la educación humanística es esencial en todos los espacios de formación, y aluden específicamente a la intensa y consistente labor de la Universidad Nacional en este ámbito, cuya autonomía ha permitido la formación de seres humanos en el marco de una amplia libertad.

En “Autonomía e investigación”, Alberto Vital se adentra en el pensamiento de diversos autores al proponer una ruta de análisis tan sugerente como original. Al deslizarse desde concepciones de autonomía situadas en el plano individual, aborda el término plural de autonomías en el momento que delinea la relación entre ambas esferas. Asimismo, señala que los contextos son determinantes para el uso de las palabras, como ejemplo refiere libertad y autonomía, que si bien se utilizan como sinónimos, en términos concretos tienen distintos significados. En el extenso e informado texto que ofrece Alberto Vital, resalta el papel de las humanidades en el estudio de la autonomía desde distintas perspectivas y, de manera especial, en el ámbito universitario. Vital ofrece un epílogo que examina el concepto de diálogo, el cual se constituye como rasgo y necesidad de nuestro tiempo. En esa tarea, de acuerdo con el autor, a través de su Ley Orgánica la UNAM ha logrado mantener el diálogo con las autoridades del país, en su común interés por atender los grandes problemas nacionales.

Para Pedro Stepanenko, en “Autonomía universitaria y conciencia crítica: un comentario sobre las ideas de Fernando Salmerón”, la autonomía es una condición indispensable para la formación de la conciencia crítica en los universitarios. Al tomar como base los planteamientos del filósofo mexicano Fernando Salmerón, Stepanenko señala que “autonomía, educación científica, de la mano de la investigación libre y creativa, son las tres cosas que deben ir juntas para cumplir con los ideales de la universidad”. También explora el pensamiento kantiano para hablar de la autonomía del ser humano, es decir, la autodeterminación; así, la conciencia crítica que se desarrolla en una universidad autónoma debe propiciar la formación de sujetos que sean capaces de establecer los principios que rijan sus acciones para la correcta evolución de las tareas universitarias.

La segunda parte, que examina la perspectiva histórica de la autonomía, contiene tres capítulos. El primero, escrito por Enrique González González, es “La autonomía universitaria, demanda multisecular”. En su texto, da cuenta de la constitución de las universidades en el medievo, así como de las constantes disputas que aquéllas enfrentaron para ser agrupaciones autónomas. A través de la libertad o jurisdicción propia —puesto que aún no se aludía a la palabra autonomía—, las universidades establecieron sus propias normas y tenían la atribución de definir los requisitos para obtener los grados, entre otras funciones. González se centra en la Universidad de Salamanca y las tensiones enfrentadas en la defensa constante de su autonomía. Asimismo, aborda la Real Universidad de México, la cual, aunque tuvo una autonomía con restricciones, logró recibir algunos de los privilegios de la Universidad de Salamanca.

Ana Carolina Ibarra, en el capítulo “Restituyendo su lugar a la memoria. Pedro Henríquez Ureña y la autonomía universitaria”, destaca la necesidad histórica de rescatar e investigar los planteamientos de los autores que dieron sustento a la autonomía de la universidad desde su constitución hasta su obtención. Ibarra estudia a un intelectual del México de principios del siglo XX, Pedro Henríquez Ureña, quien tuvo una participación muy activa y relevante en la Universidad Nacional. La historiadora acude a trabajos esenciales del dominicano, como su tesis de licenciatura “La Universidad”, donde se destacan planteamientos relevantes sobre la relación de la Universidad Nacional con el Estado, la autonomía de la institución, su forma de gobierno, la toma de decisiones y la libertad de enseñanza, entre otros temas.

Renate Marsiske, en “La autonomía universitaria de 1929: jóvenes en la Ciudad de México, movimiento estudiantil y nueva Ley Orgánica”, nos ofrece una interesante reconstrucción del contexto político del México posrevolucionario en que se gestó el movimiento estudiantil, y a través del cual la Universidad Nacional recibiría su condición de autónoma. La autora señala que los estudiantes que participaron en este movimiento eran jóvenes de clase media que aspiraban a ser, y fueron, partícipes en la construcción de la nueva nación; es decir, agentes de cambio. Marsiske presenta un breve recuento del movimiento estudiantil y expone los puntos principales de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma. Una ley que, si bien concedía una autonomía limitada —y que daba cierta injerencia a las instituciones del Estado—, representaba un primer peldaño hacia una nueva Universidad Nacional, esta vez con carácter de autónoma.

En esta obra también se incluye un texto que, si bien no se presentó en el coloquio, tiene una gran relevancia para la comprensión histórica de la defensa de la autonomía. Se trata de “La polémica Caso-Lombardo y la Ley Orgánica de 1933”, año en que la universidad vivió en peligro de perder su carácter nacional y su viabilidad económica, así como su carácter de institución pública y, sobre todo, estuvo en riesgo de perder su pluralidad académica. Las deficiencias de la Ley Orgánica de 1929 hacían necesaria una reforma al marco normativo universitario, pero la solución de 1933 generó otros problemas, al pasar de la excesiva injerencia del gobierno federal al desentendimiento de la obligación del Estado de apoyar y financiar la educación superior. La tesis oficial era que el esfuerzo educativo debía centrarse en la educación básica y la técnica, mientras que el sostenimiento de la universidad tendría que recaer en quienes estudiaran profesiones liberales, pues obtendrían un beneficio privado por su formación. El trasfondo ideológico de este nuevo conflicto entre el Estado y la universidad era el enfrentamiento entre la “educación socialista”, elevada en estos años a rango constitucional, y la libertad de cátedra, defendida por la mayoría de los universitarios. La polémica Caso-Lombardo es el ejemplo más claro de los argumentos esgrimidos por ambos bandos en esa coyuntura decisiva de nuestra historia, en la cual, más allá de la dimensión ideológica del debate, estuvo en juego la pluralidad académica de la institución.

En la última parte se exponen cuatro trabajos que indagan acerca de la actual autonomía universitaria. En el primer capítulo, “Autonomía en la dimensión nacional: privilegio que obliga”, Rolando Cordera plantea los grandes momentos históricos de la autonomía de la Universidad Nacional. Asimismo, desde una perspectiva latinoamericana, refiere al influyente movimiento estudiantil de Córdoba en 1918 que, como se sabe, constituyó un parteaguas en el contexto de la región. Profundo conocedor de la economía, la política y los fenómenos sociales que se articulan alrededor de la universidad, Cordera señala que, más que un privilegio, la autonomía representa una importante responsabilidad y compromiso para los universitarios, así como una crítica y reflexión constante en torno a las tareas de la universidad y los problemas nacionales.

Por su parte, Antonio Lazcano, en el capítulo “Autonomía universitaria e investigación científica: algunas notas sobre la situación mexicana actual”, aborda el tema de la autonomía con una mirada fresca y en boga. Para Lazcano, las instituciones de educación superior enfrentan una serie de importantes presiones ante un escenario de reducción al gasto público y de recurrentes intromisiones por parte de los poderes políticos e incluso religiosos. Lazcano alude también a las recientes tensiones con la investigación y los intelectuales, al destacar el importante papel que desempeña la investigación científica en el desarrollo nacional. Asimismo, destaca el papel que ha jugado la UNAM en la promoción del saber y en la integración de hombres y mujeres de ciencia que encontraron en México su nueva patria. En la construcción del futuro, afirma Lazcano, se sigue requiriendo una “universidad nacional, abierta, laica, pública y autónoma”.

En “A 90 años: reflexiones sobre la autonomía universitaria”, Humberto Muñoz sostiene que la autonomía universitaria puede ser abordada desde las más distintas disciplinas académicas. No obstante, desde todas ellas se aprecia que la autonomía tiene un sentido intrínsecamente emancipador y diferenciador de la tutela del Estado. Muñoz señala que la autonomía ha sido un componente esencial en las universidades públicas, lo cual se ha reflejado ampliamente en la UNAM. Sin embargo, al continuar el pensamiento sociológico, identifica también un declive de la universidad y la autonomía. Ante ello, Muñoz hace un enfático llamado para que la universidad fortalezca su autonomía y pueda seguir impulsando una “academia libre y plural”.

Para cerrar las discusiones, Ángel Díaz-Barriga, en “La docencia en el marco de la autonomía universitaria. El caso de la UNAM”, reflexiona a propósito de la enseñanza dentro de la institución y cómo ésta ha respondido a las demandas expresadas en el Manifiesto Liminar de Córdoba, que exigieron un cambio en el método de enseñanza. El autor considera que, a pesar de que la docencia universitaria intelectualmente es progresista, el trabajo en el aula continúa siendo conservador y no ha atendido las necesidades de los estudiantes. En esa línea, señala también que se han presentado muy pocas propuestas curriculares innovadoras en las últimas décadas las cuales pretendan cambiar la enseñanza universitaria. Con ello, da cuenta de que aún falta mucho por hacer para responder a las demandas de los estudiantes reformistas de 1918 y por las que demandan los estudiantes del siglo XXI.

Los textos aquí presentados analizan múltiples características de la autonomía universitaria y aspiran a abrir nuevas reflexiones en esta temática. En tal sentido, y sin el ánimo de plantear posiciones últimas acerca de un tema que resulta crucial para la universidad contemporánea, baste señalar que la autonomía permite a las instituciones desarrollar sus actividades en un marco creativo y libertario. En dicho escenario, el saber no tiene más fronteras que las derivadas de la razón académica, lo cual implica que los universitarios (estudiantes, académicos y cuerpo directivo) puedan contar con las condiciones óptimas para desempeñar sus actividades sustantivas.

Es evidente que la autonomía conlleva responsabilidades. La más importante es cumplir con la misión social de la universidad, al dar cuenta siempre del buen uso de los recursos que los universitarios recibimos de la sociedad para llevar a cabo nuestras funciones. Pero la rendición de cuentas, necesaria y plenamente justificada, no debe confundirse con la imposición, desde afuera de las instituciones, de enfoques de enseñanza o prioridades de investigación y difusión de la cultura, con criterios extracadémicos y coyunturales.

Sin la autonomía es impensable que las instituciones de educación superior puedan contribuir no sólo a trasmitir, sino a crear nuevo conocimiento, capaz de responder a los acuciantes problemas que la humanidad enfrenta en todos los ámbitos. Sin la libertad de cátedra y de investigación que garantiza la autonomía, no se puede imaginar una agenda académica que responda a las necesidades de la sociedad contemporánea en México y en el mundo, que contribuya a encontrar opciones que permitan avanzar en la construcción de mejores condiciones de vida para toda la humanidad. La búsqueda de estas alternativas nos obliga a los universitarios a revisar constantemente el estado actual que guarda el conocimiento en las ciencias, las humanidades y las artes, a cuestionar aquellas interpretaciones que han sido rebasadas por la problemática que enfrentamos y a establecer un diálogo entre los saberes de otras disciplinas.

Para que esa indagación responda al interés general y no a intereses particulares, es necesaria la autonomía, con el fin de marcar distancia de las visiones políticas del momento, pues solamente con plena libertad para enseñar, investigar y difundir se puede contribuir realmente, desde las universidades e instituciones de educación superior, a plantear soluciones de largo plazo que trasciendan la coyuntura y contribuyan a la solución de los problemas y al avance general del conocimiento.

La autonomía constituye un bien público y es una condición indispensable para que las instituciones universitarias puedan cumplir con su alto encargo social. La autonomía universitaria, en sus diferentes dimensiones, genera dividendos en un sentido dual: favorece a la institución y a sus integrantes, pero sobre todo a la sociedad, la cual recibe, en última instancia, el beneficio de que la universidad cumpla con su responsabilidad académica y social. Por ello, resulta pertinente reflexionar sobre su historia, sus significados y sus desafíos.

REFERENCIAS

Diario Oficial de la Federación (1980), “Decreto por el que se adiciona con una fracción VIII el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cambia el número de la última fracción del mismo artículo”, 9 de junio.

Llambías, Juan (comp.) (1959), La idea de la universidad en Alemania, Buenos Aires, Sudamericana.

Nardi, Paolo (1994), “Relaciones con la autoridad”, en Hilde de Ridder-Symoens (ed.), Historia de la universidad en Europa. Las universidades en la Edad Media, vol. I, Bilbao, Universidad del País Vasco.

Verger, Jacques (1994), “Temas”, en Hilde de Ridder-Symoens (ed.), Historia de la universidad en Europa. Las universidades en la Edad Media, vol. i, Bilbao, Universidad del País Vasco.

 

1 Véase Fichte, “Plan razonado para erigir un establecimiento de enseñanza superior que esté en conexión adecuada con una academia de ciencias”, en Llambías (1959).

2 Véase Schleiermacher, “Pensamientos ocasionales sobre universidades en sentido alemán, con un apéndice sobre la erección de una nueva”, en Llambías (1959).

3 Véase Humboldt, “Sobre la organización interna y externa de los establecimientos científicos superiores de Berlín”, en Llambías (1959).

4 Véase Llambías (1959) para mayores referencias a la constitución de la universidad germánica.

5 “Decreto por el que se adiciona con una fracción viii el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cambia el número de la última fracción del mismo artículo”, Diario Oficial de la Federación, 9 de junio de 1980.

PRIMERA PARTE

LAS IDEAS SOBRE AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

AUTONOMÍAS CONSTITUCIONALES*

SERGIO GARCÍA RAMÍREZ**
Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM

Celebro la iniciativa de nuestra universidad para proponer a la atención de los universitarios y del país en su conjunto los grandes temas de la autonomía de las instituciones de educación pública superior, que es garantía individual y social de los mexicanos: condición de libertad y desarrollo. Así ha operado y así deseamos preservarla.

Hoy tenemos motivos precisos para tratar estas cuestiones: motivos de aquí y de ahora. Por supuesto, estamos festejando el nonagésimo aniversario de la primera ley autonómica de la Universidad Nacional1 y el cuadragésimo de la reforma al artículo 3o. de la Ley Suprema, iniciada en 1979 y vigente en 1980, que consagró la autonomía en la letra constitucional.2

Pero hay otros motivos para deliberar acerca de esta materia. Existe un ambiente incierto en torno a las autonomías constitucionales. Después de una etapa de afirmación constante y de construcción diligente, soplan vientos de fronda sobre estos territorios que creímos asegurados.

Esas autonomías se encuentran en un momento de asedio que provoca crisis e invita a desandar el largo camino recorrido. Por supuesto, puede haber mucho que reformar —para perfeccionar— en el régimen de estas autonomías, pero constituye mucho más lo que es preciso sostener, defender y garantizar.

En este orden de preocupaciones, debemos de advertir que diversos acontecimientos, de facto y de jure —es decir, en el curso de la vida social y política y en las estipulaciones emergentes—, obligan a reflexionar de nuevo sobre el alcance y vigencia del Estado de Derecho en México, marco de las autonomías y cauce para la libertad.

Tenemos un severo problema de “ambiente”, si se me permite llamarlo así. Esto genera inquietud en nuestro medio —el espacio de la UNAM— y en el de otras instituciones afines a la nuestra, amparadas por el artículo 3o. constitucional. No podríamos olvidar en este punto la extraña omisión, posteriormente rectificada, de la autonomía universitaria en la iniciativa de reforma al artículo 3o. constitucional al final de 2018.

También observamos el acoso que padecen —así lo han proclamado— numerosos organismos de educación superior e investigación, a los que se cuestiona en el discurso y en los hechos.

Mientras se desarrolla la mesa de reflexión en la que participo con estas consideraciones, estamos pendientes de la emisión, interpretación y aplicación de leyes secundarias que entrañan, expresa o implícitamente, en forma actual o potencial, afectaciones a la vida de la universidad y de los universitarios, so capa de racionalidad en las remuneraciones y la austeridad republicana. Se previene sobre la necesidad de imponer ahorros en la formulación y aplicación de los presupuestos, pero en este ámbito esos ahorros podrían oprimir el presente y arriesgar el porvenir.

También es preciso ponderar —al tomar en cuenta la fecha en la que estamos reunidos (julio, 2019)— que nos hallamos en la víspera de la adopción de decisiones relevantes para la buena marcha de nuestra universidad, que pueden incidir de nueva cuenta en el debate y el ejercicio de la autonomía.

Vista la autonomía desde la obligada perspectiva jurídica en la que aparece y se desenvuelve, involucra el desempeño del poder y el ejercicio de la libertad, indispensable para orientar la vida propia y cumplir el destino elegido. En este sentido, la autonomía responde a una idea pluralista de la sociedad política. Concilia tendencias naturales y resuelve la tensión entre las fuerzas centrípetas que procuran la concentración del poder y argumentan la fortaleza del conjunto, y las fuerzas centrífugas, que reclaman reconocimiento de la singularidad y espacio para desarrollarla.

Jurídicamente, la autonomía se abastece en la idea social del derecho, capaz de alcanzar a un tiempo dos objetivos apetecibles: sostener la unidad y reconocer y apoyar la diversidad, al dotarla de instrumentos que le permitan sustentar su individualidad y acceder a la práctica efectiva de sus derechos, sorteando con éxito los obstáculos que enfrentan.

La autonomía en el orden jurídico puede tener origen en datos profundos de la vida social, que reclaman reconocimiento (realidades históricas, tradicionales, con honda raíz), o en decisiones deliberadas para generar equilibrio en la sociedad política, progreso democrático y buena gestión de intereses públicos.

Esas autonomías, establecidas en la ley, provienen de sucesivos desprendimientos del marco jurídico ordinario y de ciertos retraimientos en la función ejecutiva que inciden en el amplio espacio de los frenos y contrapesos: detener el poder con el poder, se ha dicho.

En la Constitución figuran diversas expresiones de autonomía, frecuentemente calificadas por aspiraciones de independencia y libertad. Entre aquéllas se localiza la autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas, que concurren a integrar a la nación3 y cuyo reconocimiento implica, en mi concepto, una decisión política fundamental: el “México profundo”, que dijo Bonfil, se une al México común, con reglas de respeto y autonomía que preservan su dignidad y su perfil.

En la ley suprema también figura la autonomía —entendida esta expresión con amplio alcance— de los poderes que operan en los diversos planos del Estado o el gobierno. De esta suerte, aludimos a la independencia de cada poder en el desempeño de sus atribuciones supremas y a la contribución de todos para el bien de la nación.

En época reciente aparecieron y se han multiplicado ciertos órganos autónomos, así considerados por la propia Constitución, que tienen a su cargo, como ha señalado la Suprema Corte de Justicia, “atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad” (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2007: 1647); o bien, “funciones coyunturales” (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008: 1871). Sobre estos órganos se ha volcado el asedio, como dije antes. Y bajo el concepto de autonomía —con sentido y organización diferentes de los supuestos anteriores— aparecen las universidades e instituciones de educación superior, entre las que se halla, en una posición señera, la UNAM.

Es necesario subrayar que la fortaleza y vigencia, el desarrollo y la operación de todas estas figuras autonómicas no se aseguran plenamente por su presencia en un nicho constitucional. La grandeza y estabilidad de aquéllas requieren una protección mayor: la coraza democrática. La sociedad provee este medio de defensa, y la autonomía, a su turno, milita para la defensa de los intereses y derechos de la sociedad y de sus integrantes.

La autonomía universitaria no es una pieza suelta en el cosmos constitucional de los derechos, las libertades y las garantías para los individuos y la sociedad. Forma parte del conjunto y opera “dentro y para” el juego armonioso de figuras constitucionales; la suma de éstas, en el ejercicio de sus propias atribuciones, sin irresponsable abandono ni pretensión imperial, sustenta y preserva la marcha de la sociedad democrática.

La lectura de la fracción VII del artículo 3o. constitucional, resultado de un proceso de deliberación que propuso el Ejecutivo federal en 1979 —con precedentes valiosos— y en el que participaron las instituciones universitarias, permite establecer los que podríamos llamar datos o elementos constitucionales de la autonomía universitaria. Son la directriz genérica e irreductible (como señalé, garantía social e individual) para la emisión de leyes secundarias que provean al establecimiento de universidades autónomas, como ha ocurrido a lo largo de varios lustros.

El examen de esa directriz, atento a sus datos principales, así como a la reflexión sobre las leyes autonómicas federales y estatales, permite entender que las universidades de esta naturaleza son entidades autónomas que corren en el cauce de la más intensa descentralización que considera el orden jurídico mexicano, como señaló Andrés Serra Rojas.

La primera atribución de la universidad autónoma —con antecedentes en las instituciones medievales que enarbolaron la bandera universitaria frente al poder público— es la facultad de autorregulación. Ciertamente, la universidad no se halla fuera del orden jurídico mexicano —hasta hoy, fracción VII del artículo 3o. y Ley Orgánica de 1945—, pero éste le ha dotado de esa indispensable facultad: ser la puerta de acceso y el factor de ejercicio de su autonomía institucional.

Por fortuna, la ley impulsada por el rector Alfonso Caso, secundado por un grupo de universitarios de gran prestigio, se mantiene en vigor sin reformas que pongan en peligro sus grandes aportaciones.4 El edificio ha operado con utilidad durante más de 70 años y, en mi concepto, debe continuar así, porque ha probado su pertinencia, suficiencia y utilidad.

En el mundo entero, tenemos a la vista un “legislador motorizado”, según la feliz expresión de Zagrebelsky, que se afana en la producción de normas de mejor o peor factura, necesarias o prescindibles. La obsesión legislativa no ha llegado a la Ley de 1945, a pesar de los intentos reformadores —que pudieran rodear de nuevo la muralla universitaria, como lo hicieron en el pasado— de diversas fuentes.

El hecho de que no se haya tocado la Ley de 1945 no implica que toda la normativa universitaria se mantenga intacta al cabo de varias décadas. Nada de eso. El cuerpo legislativo de la institución —su activo Consejo Universitario— ha sabido acompasar la normativa interna con el paso del tiempo y la variación de las circunstancias a través de novedades frecuentes y necesarias en los ordenamientos de su competencia.

Otro elemento sustancial de la autonomía es el autogobierno: libre gestión, por parte de los universitarios, de su vida interna. En los términos del artículo 3o. constitucional, esto constituye una facultad y una responsabilidad.

Por supuesto, el autogobierno se instituye y ejerce con medios y procedimientos compatibles con la autonomía. Es figura clave de ese extremo de la autonomía la Junta de Gobierno —exaltada o atacada, pero perseverante y garantizadora de la vida de la universidad en tiempos de crisis y grave peligro—. Basta con revisar su historia y desempeño desde que la estableció la Ley de 1945, con especial atención y confianza.

Nuestra universidad porta otra bandera que le confiere dignidad y asegura su misión democrática: libertad de cátedra, investigación y difusión; libre examen y discusión de las ideas, que garantiza el texto constitucional.